ERC pregunta al Gobierno por los bloqueos "masivos" de internet causados por la lucha de LaLiga contra piratería

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

ERC ha registrado en el Congreso una batería de preguntas al Gobierno, a las que ha tenido acceso Europa Press, para pedir explicaciones por escrito al Ejecutivo tras los recientes bloqueos de direcciones IP ejecutados por LaLiga, avalados judicialmente para combatir la piratería de retransmisiones deportivas.

De este modo, los republicanos alertan de la estrategia antipiratería de LaLiga que, a su juicio, ha tenido un efecto colateral "masivo" que ha afectado a servicios legítimos como Steam, X (Twitter) o webs institucionales y poniendo en riesgo la neutralidad de la red y la libertad de información, haciéndose eco de las denuncias de asociaciones tecnológicas y de internautas.

Según se desprende de la exposición de motivos, ERC advierte de que este fenómeno, conocido como 'LaLigaGate', plantea un precedente "preocupante", ya que señalan que hay un poder de una empresa privada para ordenar bloqueos masivos "sin suficiente control democrático ni garantías para los derechos fundamentales".

En este sentido, consideran urgente que el Estado intervenga para establecer criterios claros, proporcionados y judicialmente supervisados para cualquier bloqueo de contenidos, evitando daños colaterales y protegiendo la libertad digital.

Por ello, ERC pregunta al Ejecutivo qué medidas tiene previstas para que los bloqueos respeten el principio de proporcionalidad y no vulneren derechos fundamentales y cuestionan si el Gobierno considera necesario establecer un marco normativo que excluya sistemas de bloqueo amplios e indiscriminados que afectan a webs legales.

Asimismo, cuestionan el papel que ejercen los organismos reguladores (Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, CNMC) en la supervisión de este tipo de bloqueos, y si está prevista la creación de un procedimiento administrativo previo o de control posterior para verificar su legitimidad. Además, preguntan si el Gobierno piensa regular la intervención de empresas privadas en el control del acceso a internet, asegurando que cualquier bloqueo requiera una orden judicial explícita con ámbito y duración determinados.

Por último, solicitan conocer las valoraciones que hace el Ejecutivo de las quejas planteadas por empresas y asociaciones de internautas, si se prevé facilitar mecanismos de reclamación o indemnización por dichos perjuicios y si se está considerando la definición de un protocolo claro entre los perjudicados y las operadoras para ser notificados con antelación y evitar suspensiones erróneas de servicio.